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La Abogacía presenta un recurso contra la sentencia del Prestige

El PSOE lo ha calificado de “recursiño” con el que el Gobierno trata de “lavarse la cara”
20.11.13 – 11:22 – EFE | MADRID |

La Abogacía del Estado presentará hoy el escrito de recurso de casación contra la sentencia del “Prestige” para “atacar” la absolución del capitán del buque, una acción que el PSOE ha tildado de “recursiño” del Gobierno para “lavarse la cara”.

En la sesión de control del Gobierno, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado que la Abogacía del Estado interpondrá un escrito de anuncio del recurso de casación contra el fallo del Prestige, conocido el pasado día 13.

El recurso quiere “atacar la absolución del capitán, considerando que los hechos calificados como desobediencia son un delito contra el medio ambiente, y subsidiariamente se imputará el hecho de que la sentencia no imponga responsabilidades civiles derivadas del delito de desobediencia”, ha añadido el ministro.

El tribunal de A Coruña que juzgó la catástrofe del Prestige en 2002 absolvió a los tres acusados -el capitán del buque, el griego Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, su compatriota Nikolaos Argyropoulos; y el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors- de causar la catástrofe, pero condenó al capitán a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

Además, eximió de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó la tragedia sino que trató de solucionarla y evitar daños materiales y humanos.

Durante la sesión de control al Gobierno y en respuesta a la diputada socialista Laura Seara, el ministro de Medio Ambiente ha acusado a los socialistas de haber criticado todas y cada una de las medidas adoptadas “en un ejercicio indecente de sacar aprovechamiento político”.

En la réplica, la diputada gallega ha asegurado que se trata de “un recursiño para lavarse la cara ante la incompetencia del Gobierno” del Partido Popular.

“Le pido que olviden el postureo”, ha añadido Seara, al tiempo que ha recalcado la paradoja de que el “señor de los hilillos (de plastilina)” sea ahora el jefe del Gobierno y Arias Cañete titular de Medio Ambiente.

En su contestación, el ministro ha dicho que “el mejor juicio político de la acción del Gobierno, se hizo en las elecciones municipales (las primeras después del vertido) en la costa de la muerte, en donde el PP ganó por mayoría absoluta en el municipio de Muxia”.

Respecto a la sentencia, la diputada socialista ha recalcado que “avergüenza y duele”, pero también “les hace más felices que a unas perdices, no lo han podido disimular”; “alguien tendrá que pagar por los más de 4.300 millones de euros en daños económicos y medioambientales”

Por contra, Arias Cañete ha acusado a Seara de no haberse leído la sentencia y ha procedido a leer algunos de los párrafos de la resolución judicial, referidos a la exculpación de los acusados.

Además ha defendido su propia actuación durante el vertido como ministro de Agricultura: cerró el caladero el 16 de noviembre (cuatro días después del accidente) y 76 días más tarde comenzó a abrirse; el 30 de junio -siete meses después- se levantó la prohibición de pesca. “El ecosistema se ha recuperado y el caladero funciona con normalidad”, ha concluido el ministro.

http://www.elcomercio.es/20131120/asturias/abogacia-presenta-recurso-contra-201311201122.html

El Gobierno recurrirá el fallo del 'Prestige'

19.11.13 – 00:18 – E. MONTES/AGENCIAS | MADRID.

La Xunta de Galicia se sumará a la Abogacía del Estado, pero las cofradías de pescadores del norte rechazan recurrir porque no ven «posibilidades»
Busca que la condena incluya responsabilidad civil e indemnizaciones por los daños causados en la costa

Primero lo desveló el presidente de la Xunta de Galicia en un desayuno de trabajo con el diario ‘Abc’ y después el ministro de Justicia se vio obligado a confirmar lo que Alberto Núñez Feijoo había dado sólo en fase de estudio: que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentará un recurso de casación contra la sentencia del ‘Prestige’, que considera incompleta.

El fallo de la Audiencia Provincial de La Coruña, que propició un hondo suspiro de alivio en el Partido Popular por la exoneración de responsabilidades al Estado y al Gobierno del popular José María Aznar por la gestión de la catástrofe ecológica de 2002, contempla sólo una condena de nueve meses de prisión para el capitán del barco por un delito de desobediencia. Tras un clamor generalizado, tanto popular como de los distintos gobiernos que pagaron las labores de limpieza, el ministro Alberto Ruiz Gallardón confirmó ayer que lo que busca el Ejecutivo de Mariano Rajoy es la inclusión de la responsabilidad civil y el pago de indemnizaciones en la condena.

Gallardón explicó que, además, se iniciarán todos los «procesos paralelos» necesarios para exigir «la responsabilidad civil tanto de la naviera como de la aseguradora». El ministro de Justicia ha ahondada en que «el propósito del Gobierno no es revisar las decisiones que con carácter penal ha adoptado la Audiencia, pero sí insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles y que sean satisfechas por los autores y responsables del siniestro».

Poco antes el presidente de la Xunta había señalado que es evidente que el ‘Prestige’ era una «chatarra flotante», que «nunca debió ser autorizada su andadura por los mares de la tierra» y que «la aseguradora sabía muy bien cómo estaba ese barco». Núñez Feijoo mantuvo entonces que «ahora hay que centrarse en lo importante», que es «quién paga» los daños, momento que ha aprovechado para desvelar que «esta misma mañana» le había llamado el ministro de Justicia para comunicarle que la Abogacía General del Estado «trabaja» en la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El objetivo de ese recurso «es intentar recuperar los gastos invertidos en la recuperación de las costas tras los daños ocasionados por el hundimiento del petrolero» y para ello el Gobierno reclamará que se incluya en la condena del capitán la responsabilidad civil y que se fijen las indemnizaciones correspondientes.

Asturias, a la espera

Alberto Núñez Feijoo, presidente de la comunidad autónoma más dañada por los efectos del fuel del ‘Prestige’ añadió que la Xunta de Galicia se sumará a la acción judicial de la Abogacía General del Estado, posición que aún no han respaldado otras comunidades autónomas. Asturias, por su parte anunció, nada más conocerse la sentencia, que recurrirá a «todas las alternativas» a su alcance para paliar los efectos del vertido, que cuantificó en 8,4 millones de euros. El consejero de Presidencia señaló que el Gobierno regional analizará «con detenimiento» la sentencia sobre el hundimiento del petrolero y, después, explorará «todas las alternativas» para paliar «íntegramente» los daños causados por la marea negra en el litoral asturiano. «Analizaremos con detenimiento la sentencia y nos mantendremos en contacto con la fiscalía antes de adoptar una decisión», precisó Guillermo Martínez, quien aseveró que el Principado buscaría «todos los resquicios legales y todas las alternativas posibles».

Por su parte, las cofradías de pescadores de Galicia, Asturias y Cantabria no recurrirán la sentencia porque «el abogado no ve posibilidades en el recurso», según confirmó ayer a Efe el presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, Benito González. El letrado, Ramón Sabín, que representa a la mayoría de cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria afectadas por la catástrofe, dijo la pasada semana que «casi es seguro» que no recurriría la sentencia. Claro que eso era antes de que la propia Abogacía General del Estado lo hiciese.

http://www.elcomercio.es/v/20131119/asturias/gobierno-recurrira-fallo-prestige-20131119.html

Asturias buscará «todos los resquicios» para cobrar los 8,2 millones del 'Prestige'

Feijóo confiesa su «decepción» porque «nadie pague» y el País Vasco dice que el fallo deja «inquietud», pero las cofradías no recurrirán la sentencia
15.11.13 – 00:13 – A. VILLACORTA / AGENCIAS | GIJÓN / MADRID.

Más de ocho millones de euros están en juego. Exactamente, 8,2, los mismos que reclama Asturias por los daños patrimoniales causados por la catástrofe del ‘Prestige’, así que el Principado recurrirá a «todas las alternativas» a su alcance para paliar los efectos del vertido. En primer lugar, el Gobierno regional analizará «con detenimiento» la sentencia sobre el hundimiento del petrolero y, después, explorará «todas las alternativas» para paliar «íntegramente» los daños causados por la marea negra en el litoral asturiano.

«Analizaremos con detenimiento la sentencia y nos mantendremos en contacto con la fiscalía antes de adoptar una decisión», precisó ayer, a través de un comunicado, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien aseveró además que el Ejecutivo buscará «todos los resquicios legales y todas las alternativas posibles».

El Gobierno del Principado se personó en el proceso judicial a través del Ministerio Fiscal para la defensa íntegra de los intereses patrimoniales de Asturias y los daños causados en su costa y reclamó una cantidad que ascendía a 8,2 millones de euros. Y, según recordó ayer Martínez, el Ejecutivo que preside Javier Fernández «no se caracteriza por su pasividad a la hora de tomar decisiones en defensa de los intereses de Asturias. Eso sí, tras advertir de que cualquier decisión que se adopte sobre la sentencia exige un análisis detallado previo del fallo.

El Principado suscribió en julio de 2004 un acuerdo con el Ministerio Fiscal para que defendiese los intereses patrimoniales de Asturias en los tribunales gallegos.

Las cantidades que reclamaba Asturias hacían referencia únicamente a los gastos directos que tuvo que afrontar el Principado para la retirada de más de 4.500 toneladas de residuos en su costa y no a los daños provocados en el litoral ni al lucro cesante de sectores económicos como el turístico o el pesquero.

Tras el siniestro, el Gobierno central firmó un convenio con los veinte municipios costeros asturianos afectados para percibir del Estado 1,6 millones de euros en concepto de indemnización. Además, en mayo de 2007, el Ejecutivo regional aprobó entregar 2,9 millones a 689 pescadores y armadores de la región en concepto de adelanto por las indemnizaciones que les correspondiesen por las consecuencias del vertido que llegó a las costas asturianas en diciembre de 2002.

La sentencia establece que no existe responsabilidad penal, por lo que ha exculpado de los destrozos de la marea negra a los tres acusados: el exdirector de la Marina Mercante José Luis López Sors; el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, y el capitán del buque, Apostolos Mangouras, al que ha condenado a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

El letrado representante de la mayoría de cofradías de Asturias, Galicia y Cantabria afectadas por el vertido, Ramón Sabín, aseguró, por su parte, que «casi es seguro» que no recurrirá el fallo. No obstante, matizó que el hecho de que no vayan a presentar recurso de casación no quiere decir que estén «de acuerdo» con que haya habido «una absolución por delito medioambiental».

Y si el portavoz nacional de Compromisu por Asturies, Daniel Fernández, considera que la sentencia sobre el caso ‘Prestige’ «es el colofón a una catástrofe medioambiental, democrática y judicial», el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, confesaba su «decepción» por el hecho de que «nadie pague» los gastos ocasionados y subrayaba que su Gobierno estudia si cabe recurso de casación contra la sentencia, para lo que tiene un plazo de cinco días, al tiempo que incidió en que permanece abierta la vía civil. La consejera vasca de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, admitió que el fallo le deja «inquietud e insatisfacción» y con la sensación de que la justicia «ha tardado mucho para no decir prácticamente nada».

La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, entonces fiscal provincial de La Coruña, sostiene que las causas del hundimiento están claras, se mostró conforme con la sentencia y recordó que se abre ahora la posibilidad de presentar recurso de casación. Y es que el malestar general surgido a raíz de la decisión de la Audiencia Provincial de La Coruña de absolver a los tres acusados por el naufragio del ‘Prestige ‘ tiene visos de traducirse en un sinfín de recursos ante el Tribunal Supremo y en la posterior apertura de la vía de la reclamación civil si no ven satisfechas sus demandas, con Asturias y Galicia a la cabeza.

http://www.elcomercio.es/v/20131115/asturias/asturias-buscara-todos-resquicios-20131115.html

Nadie paga por la catástrofe del 'Prestige'

Los tres acusados son absueltos por la catástrofe y solo el capitán es condenado a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave, pero no ingresará en prisión
13.11.13 – 04:16 – N. A. ERAUSQUIN/AGENCIAS | GIJÓN/CORUÑA

“No hay responsabilidades penales por la catástrofe del Prestige”, así de claro se ha mostrado esta mañana el magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que juzgó los hechos, al leer lasentencia por los daños derivados del hundimiento del petrolero en noviembre de 2002 ante las costas de Galicia y que provocó una marea negra que afectó a su costa, pero también a la del resto del Cantábrico, incluida Asturias. De los tres acusados, solo el capitán del buque, Apostolos Mangouras, ha sido condenado a nueve meses de prisión por un delito de desobeciencia grave, por haber demorado tres horas el remolque del petrolero, aunque este griego de 78 años no irá a la cárcel. Tanto él, como el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, el único responsable del Gobierno de Aznar que se sentó en el banquillo, han sido absueltos por la catástrofe medioambiental, aunque se pedían para ellos penas de cárcel de 5 a 12 años. Además, nadie pagará los daños causados por la ‘marea negra’, que la Fiscalía calculó que ascendían a 4.328 millones de euros, por lo que solo quedan para las indemnizaciones los 22 millones de euros de fianza depositados en 2002 por la aseguradora del barco, The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance. Este fallo marca el punto final a un prolongado camino judicial sobre la mayor catástrofe de este tipo ocurrida en España.

Los detalles de la sentencia

El magistrado ha asegurado en la lectura de la sentencia que “nadie puede negar el fallo estructural del barco, pero no se puede saber la razón”. Además, ha insistido en que “no queda demostrada ninguna responsabilidad penal, aunque pudo haber algunas infracciones administrativas”. En este sentido, ha recordado que los indicios no han tenido valor probatorio y ha aclarado que cuando algo no queda acreditado no puede existir una implicación penal. También ha restado valor a algunos de los testimonios a la hora de determinar las responsabilidades del caso. “No está demostrado que la rotura del tabique fuera la consecuencia del hundimiento, la falta de consevación no podía ser advertida por los acusados”, ha comentado, para subrayar que es imposible saber con seguridad por qué sucedió la catástrofe, ni que los acusados cometieran una imprudencia.

Sobre el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, ha defendido que con el alejamiento del buque inteba evitar los efectos de un posible vertido en la costa española y que nadie podía prever que el barco se fuera partir en dos. Además, ha considerado que su decisión fue lógica y carente de dolo directo. Incluso ha destacado que hoy mismo no hay coincidencia sobre qué habría que hacer si se repitiera un caso así. Para el juez, que ha aprobado la labor del Gobierno, “la administración española no provocó, sino que gestionó” la situación y ha dicho que “no impuso ningún rumbo suicida”. De hecho, ha defendido que no se puede saber ni siquiera si la decisión fue incorrecta.

El fallo fue leído hoy, once años después de aquella fatídica tragedia, en la sala primera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La compleja instrucción del caso dilató enormemente el proceso hasta el punto de que tuvieron que pasar diez años para poder celebrarse el juicio por el accidente de este monocasco, siniestro que desembocó en la mayor marea negra que se recuerda en el país, una ruta del fuel en la que todos los caminos conducían a Muxía, el pueblo de la coruñesa Costa da Morte coronado como la “zona cero”. Este macrojuicio, el de mayores dimensiones celebrado en Galicia, fue declarado visto para sentencia por Pía el pasado 10 de julio, después de ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclamó durante la vista oral 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la ‘marea negra’ que produjo el hundimiento del buque. Dadas sus dimensiones, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores, el macrojuicio se celebró en el recinto ferial de A Coruña y su coste superó el millón de euros.

La Fiscalía argumentó durante la vista oral que la condena del capitán del buque era la única alternativa para conseguir que la operadora y la aseguradora del ‘Prestige’, Universe Maritime y London P&I Club, respectivamente, hicieran frente a la totalidad de la póliza de 1.000 millones de dólares que tienen suscrita, y apostaba para ello por la aplicación del Código Penal español.

Mangouras tenía 67 años cuando el día 5 de noviembre de 2002 zarpó de Risga con 77.000 toneladas de fuel pesado en los tanques del petrolero ‘Prestige’, un ajado monocasco de bandera de conveniencia. Siete mil euros de nómina mensual por una última travesía para un viejo capitán con 44 años de experiencia, quien no sabía que aquel día comenzó a gestarse la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España. El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra (A Coruña), el ‘Prestige’, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un vertido de más 67.000 toneladas de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Este suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.

http://www.elcomercio.es/20131113/mas-actualidad/sociedad/prestige-sentencia-201311130416.html

Hoy se decide quién paga los multimillonarios daños del Prestige

La Fiscalía solicita 4.328 millones de euros por los daños causados por la marea negra, por los que deberán responder o bien el Estado o bien la aseguradora del barco
13.11.13 – 09:52 – CRISTINA CASTRO | LA CORUÑA

El hundimiento del Prestige tendrá culpables en apenas unas horas. Los tres acusados por la catástrofe medioambiental más grave de la historia en Europa recibirán el veredicto de la Audiencia Provincial de la Coruña este mismo 13 de noviembre, coincidiendo con el undécimo aniversario del hundimiento del petrolero.

Se trata del capitán del Prestige, Apóstolos Mangouras para el que la Fiscalía pide 12 años de cárcel por delitos de desobediencia y contra el Medio Ambiente, Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas de barco, para el que algunas de las causas personadas solicitan 9 años de prisión y José Luis López- Sors, ex director de la Marina Mercante y único cargo público imputado por el accidente. Se le juzga como responsable de la decisión de alejar el barco de la costa en lugar de abrigarlo en un puerto cercano, un movimiento que, para muchos expertos, multiplicó los daños causados por la fuga de crudo. El fiscal le exime de la cárcel, pero algunas de las más de 2.000 partes personadas en el juicio piden para él una condena que podría alcanzar los 5 años de prisión.

De este modo, tras ocho meses, 400 horas de juicio, 89 sesiones y 204 declaraciones se pondrá punto y final a uno de los mayores macrojuicios de la historia de España. Sin embargo, dado que ninguno de los acusados irá a prisión debido a su avanzada edad, el interés del veredicto se centra en quién deberá responder por los 4.328 millones de euros que solicita la Fiscalía en concepto de responsabilidad civil por los daños derivados del hundimiento del petrolero.

En caso de que la sentencia responsabilice a López Sors, el Estado español deberá hacerse cargo de la multimillonaria cifra en concepto de responsable subsidiario, mientras que si la culpa recae sobre los marineros griegos, la encargada de hacer frente a la factura debería ser la aseguradora del Prestige, The London PI Club. Sin embargo, parece difícil que los responsables del Prestige terminen por abonar la multimillonaria cifra, dado que la armadora del barco podría solicitar acogerse al Convenio de Responsabilidad Civil por derrame de hidrocarburos de 1992.

Esta norma internacional, a la que España está suscrita, limitaría sustancialmente la indemnización a la que tendría que hacer frente la armadora en caso de que se demuestre que su actuación no fue negligente. Ante esta situación, y dada la interminable disputa entre el Gobierno, la operadora, la armadora y la aseguradora del barco, lo más probable sería que se intente llegar a un acuerdo extrajudicial con ésta última para garantizar, al menos, el cobro de parte de la indemnización.

El accidente del Prestige comenzó del 13 de noviembre del 2002 cuando una tormenta provocó el naufragio del petrolero a su paso por la gallega Costa da Morte. Apenas seis días después, el casco del barco se partió en dos provocando el derrame de 67.000 toneladas de crudo que causaron gravísimos daños medioambientales a más de 1.700 kilómetros de costa y que llegaron a alcanzar tanto territorio francés como portugués.

“Inmensas dificultades”

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha reconocido que un juicio que dura 11 años, como el del Prestige, no permite “decir que se esté haciendo Justicia, porque es un tiempo excesivamente dilatado para dar respuesta a ningún acontecimiento de naturaleza penal”. No obstante, ha justificado la demora por las dificultades del proceso.
En declaraciones a RNE, García Ortiz ha recalcado que el proceso ha tenido “dificultades inmensas” y que “desborda las dificultades” de un juzgado pequeño, como es el de Corcubión (La Coruña). También ha aludido a las “implicaciones internacionales” del caso, con comisiones rogatorias y acciones en 12 o 13 países, entre ellos Filipinas, Rusia o China, y “cantidad de intereses en juego”, más bien “opacos” y que no querían que progresase el caso.
Además, ha defendido que el capitán Prestige, Apostolos Mangouras, no debe entrar en prisión. García Ortiz ha explicado que, si bien el Código Penal prevé penas “muy elevadas” para un delito medioambiental agravado por desobediencia, la Fiscalía estima que el capitán “no debe pasar un día más privado de libertad”, por su edad y habiendo transcurrido 11 años de los hechos.